Sin duda

En los próximos días, los alcaldes de la Cuenca van a salir a la luz para pedir que se abra un debate provincial en el que las administraciones públicas nos aclaren a todos, con argumentos técnicos actualizados, por qué se descarta de antemano una reapertura de la explotación minera en el corto o medio plazo. La razón de esta petición de los ayuntamientos de la comarca no es que hayan terminado cuajando las negociaciones con el poder de Juan José Pérez Padilla y sus cualificados mandantes en Mantesur Andévalo, que se mueven como peces en el agua (y a menudo en paralelo) pero a otros niveles más decisivos, sino que todo responde a que la tonelada de cobre se está vendiendo ya a 7.300 euros -que se dice muy pronto- en los insaciables mercados internacionales, de modo que se puede afirmar, sin riesgo de crear -una vez más- falsas expectativas, que los yacimientos sumergidos en Cerro Colorado se están revalorizando muda y espectacularmente cada vez que se pone el sol en el lejano oriente. Así las cosas, ¿en qué condiciones podría reabrirse la línea del cobre? Y, en tal caso, ¿durante cuántos años podría explotarse la mina? ¿Qué precio tiene el aseguramiento de las presas después del desastre de Aznalcóllar? ¿Cuántos puestos de trabajo entre directos e indirectos conllevaría la reanudación de la actividad extractora? Esas y otras son las cuestiones que quieren plantear públicamente los alcaldes para que la Junta y los expertos que quieran dar su opinión al respecto digan por qué sí o por qué no se puede soñar despierto con una reactivación del sector minerometalúrgico onubense mientras la Diputación encabeza un proceso de expropiación de la unidad industrial de MRT netamente electoralista que quizá haya de esperar otro siglo para que tenga alguna virtualidad y cuando aún está pendiente en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el contencioso que enfrenta a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa con el carísimo bufete de abogados que defiende los intereses de Mantesur Andévalo, que no son otros que su reconocimiento como legítima propietaria de toda la tierra que hay desde el suelo que pisan hasta el mismo centro del planeta, sobre la cual aspiran a disponer lo que les vaya pareciendo más oportuno como cuando los ingleses llegaron aquí a finales del siglo XIX. Algunos dan por hecho que, después de la millonada que se ha gastado el Estado en prejubilaciones, ningún ejecutivo asumirá riesgos. Pero ahí están también la innegable escalada de precios del metal y la proliferación de proyectos mineros en la zona suroccidental del país. Como para que no haya dudas.

Publicado en EL MUNDO Huelva Noticias el 12 de abril de 2006