30 agosto 2007

Echando cuentas

Entre 180 y 210 millones de euros. Ése es, según la estimación de los técnicos, el coste que asumió el Estado español para sufragar las prejubilaciones y recolocaciones de los 1.200 mineros de la franja pirítica onubense en aquellos ya célebres acuerdos suscritos en 2001, que no se empezaron a aplicar hasta finales de 2003 tras durísimas movilizaciones de los trabajadores en la capital. Estamos hablando, por tanto, de un montante total que en ningún caso bajaría de los 30.000 millones de pesetas (el presupuesto del Recreativo de Huelva para esta segunda temporada en la División de Honor multiplicado por 20), aunque la roncha amenaza con agrandarse hasta los 35.000 millones de los antiguos por esa generosa horquilla cifrada en torno a los 5.000 kilos que el contribuyente andaluz, catalán o melillense tendrá que seguir apoquinando religiosamente durante décadas, cada cual con su pico y su pala, en solidaridad con los que llegaron a ser —y esto no admite discusión ni cachondeo— los más desfavorecidos de nuestro tejido productivo... No está de más recordar este pasado imperfecto y repasar viejas cuentas cuando vuelven a asomarse por la comarca importantes empresas internacionales con tan históricos prebostes del socialismo sevillano al frente como el ex consejero de Trabajo e Industria Guillermo Gutiérrez, quien podrá reanudar las infructuosas gestiones llevadas a cabo por Rumbo 5.0 ante la Agencia Andaluza de la Energía para que se le reconocieran los derechos de explotación a Mantesur Andévalo, que blandía aquella reliquia contractual del siglo XIX que certifica la venta que la I República firmó con los ingleses para reconocerles —a cambio de tres millones y medio de libras esterlinas— la plena disposición sobre todo lo que quedara bajo sus pies, hasta llegar al mismo centro de la Tierra si lo estimaban oportuno. Lo que ocurre es que, tras el desastre de Aznalcóllar, el Gobierno andaluz se lo piensa dos veces antes de confiarle una balsa minera a cualquiera. Pero ¿quién le va a negar esa capacidad al responsable autonómico que precisamente tuvo que lidiar con Boliden? Más aún cuando la tonelada de cobre roza ya en el mercado los 8.000 dólares, lo que le garantiza al inversor privado ganancias de 60 millones de euros anuales. El problema es cómo amortizar políticamente aquellos 210 millones en indemnizaciones ante una opinión pública que paga sin rechistar desde que se le dijo que la línea del cobre había quedado sellada para siempre. Yo al menos, como contribuyente, pienso sentarme a esperar a ese cargo público que habrá de explicarnos por qué los terrenos por un lado, y las licencias mineras por otro, continúan en manos privadas tras el dineral que llevamos gastado. ¿Usted?
Publicado en EL MUNDO Huelva Noticias el 30 de agosto de 2007

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