Repasando 'El País'

Curioso contraste de opiniones en El País sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la sanción a Rafael Tirado y la posición del Gobierno central. Javier Pradera en la página 15 (Jueces bajo sospecha), Eugenio S. Palomares en la 2 del cuadernillo de Andalucía (Reformas pendientes). Este último epata con afirmaciones como la de que «los jueces son poder que responde, casi como Franco, frente a sí mismo y frente a la Historia». En esa línea, establece que la incitación vía internet a una huelga de togas recuerda «los mejores tiempos de Francisco Alcaraz en la presidencia de la AVT» y, tras conceder una tregua que abarcaría todo 2009 para ver si el CGPJ ha acertado (?) con los 1.500 euros de multa al juez Tirado, nos apesadumbra con la conclusión de que el actual panorama «no se soluciona con leyes nuevas en materia sancionadora mientras las interpreten y apliquen los propios jueces». Sin solución de continuidad agrega: «Confiemos en que el nuevo año traiga la reforma judicial que falta»... Pero joder, ¿no acabas de decir que esto no lo arregla el Legislativo mientras el Ejecutivo o la sociedad civil no plantee una suerte de Solución Final contra la supraconstitucional judicatura?

Pradera el Viejo, en la edición nacional (¡y página impar, oiga!), apunta que el «encolerizado rechazo de las decisiones del Poder Judicial por los otros dos poderes despide un tufo demagógico: los profesionales de la política están obligados en un sistema democrático a razonar y a comportarse en términos jurídico-constitucionales». Tras poner a caldo a Fernández de la Vega (compara sus exigencias con las de la Reina de Corazones de Alicia en el país de las maravillas), a Mariano Fernández Bermejo y al propio Rodríguez Zapatero, plantea cuatro cuestiones ineludibles. Copio y pego:

"1. ¿Es admisible descalificar la justicia impartida por los tribunales de un Estado de derecho, en beneficio de una justicia del pueblo dispensada por los medios de comunicación o de la justicia del visir teorizada por Max Weber que ahora pretenden aplicar el presidente del Gobierno y algunos de sus ministros?
2. Los retrasos de la Audiencia Provincial de Sevilla y del juez Tirado en notificar y ejecutar la sentencia condenatoria de Santiago del Valle ¿son hechos atribuibles exclusivamente a esos magistrados o forman parte también de un mal funcionamiento de la Administración de justicia imputable no sólo a los tribunales sino también a las insuficiencias presupuestarias e informáticas de las que el Ministerio del ramo y las comunidades autónomas deben dar cuenta?
3. ¿Cuál es la razón de que 12 de los 14 jueces (así como un abogado y un secretario judicial) del actual CGPJ tipificaran el comportamiento de Rafael Tirado sólo como una falta grave por retraso injustificado en la tramitación de una ejecutoria? ¿Sólo por vil corporativismo? ¿Respondió quizás a una motivación angélica la propuesta de los otros siete vocales restantes, en plena coincidencia con los vehementes deseos del Gobierno y del PP, para calificar esa conducta como una falta muy grave de desatención? ¿No están los magistrados —«sometidos únicamente al imperio de la ley», según mandato constitucional— altamente cualificados para la interpretación de las normas? ¿Es un capricho que el artículo 122 de la Constitución exija que al menos 12 de 20 los miembros del CGPJ sean jueces o magistrados?
4. La obediencia rendida por los vocales de las anteriores reencarnaciones del CGPJ a los grupos parlamentarios que les habían propuesto ha sido la causa principal del desprestigio de la institución, transformada en mera correa transmisora de las fuerzas políticas. Justo en el momento en que los miembros del órgano de gobierno de la magistratura empiezan a votar de acuerdo con criterios diferentes al agradecimiento debido a sus padrinos ¿no resulta obscena la marimorena organizada por el Gobierno y el principal partido de la oposición a propósito del caso del juez Tirado?".

Está de más que les diga con quién coincido esencialmente.