03 febrero 2009

Duda subsiguiente y editorial fusilado

Hablan los periódicos de que San Bartolomé, junto a La Puebla, se ha convertirdo en el primer pueblo en empezar a gastar el dinero estatal aportado por el Gobierno de Zapatero para que los ayuntamientos puedan supuestamente combatir el paro. Pregunta obligada atendiendo a las últimas declaraciones del alcalde y secretario de Política Municipal del PSOE de Huelva, Manuel Domínguez: ¿todo se va a invertir en proyectos municipales? ¿O se aplicará el principio de caja única, como hiciera Rosa Beltrán en Beas y como los socialistas admiten públicamente que hacen todos los ayuntamientos del mundo? Ojo con las confesiones de parte, que no eximen de nada.
Del domingo, se me quedó en el tintero la condena a la Junta de Andalucía por los despidos improcedentes de tres vecinas de Bollullos. Perdonen que editorialice, pero «política aparte, cuando alguien juega con el pan de las familias la cosa deja de tener gracia. Manuel Alfonso Jiménez ha pasado de la humanidad y ha preferido que tres familias se queden en paro a continuar con las empleadas que ya tenía, y todo por no admitir que fueron contratadas para obra o servicio sin especificar duración alguna. Tal vez, con la crisis económica actual, no era lo más correcto contratar a más gente, pero una vez que le buscas el pan a los bollulleros ¿merece la pena echarlos?». Más aún cuando no hay un dictamen del Consejo Consultivo que diga que los contratos son nulos de pleno derecho, sino un juzgado de lo Social que te quita toda la razón en los despidos.

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1 comentarios:

Anonymous mupoco ha dicho...

En relación al caso de Rosa Beltrán, en Bollullos comienza a sonar la misma marcha (es una localidad con gran afición a la música).

Por una parte, el Tribunal Consultivo de Andalucía declara nulos 40 contratos de trabajo que se hicieron sin consignación presupuestaria, sin proceso de selección público, sin pasar por Comisión de Gobierno y con informe en contra del interventor y de la secretaria, por no acogerse a la legalidad. Además, los contratos finalizaban en 2011 (eleciones municipales) y, según Paco Díaz, el mismo Carlos Sánchez le dijo que le iba a asfixiar el ayuntamiento con esos contratos (efectivamente, pues por culpa de éstos se producía un deficit mensual de casi 30.000€) Pero no queda ahí el asunto, pues el TCA insta al Ayuntamiento a que se recurra al Tribunal de Cuentas porque, a su juicio, Carlos Sánchez ha incurrido en un acto de prevaricación y considera que la Cámara de Cuentas de Andalucía debería exigirle el pago al Ayuntamiento de los gastos que ha originado estos 40 contratos desde que se hicieron hasta la fecha. Esto es sumamente importante pues se está hablando de imputarlo de un delito penal y de la posibilidad de tener que devolver de su bolsillo casi 90 millones de pesetas. ¿Les suena?

Pero, señores, hay más. El pasado 28 de enero tuvo lugar, en el consistorio bollullero, una Comisión de Investigación para tratar el asunto del Parque Municipal Ramos Mantis. En él se realizaron obras que supusieron un gasto de 1,2 millones de euros. Obras que se hicieron sin proyecto alguno, sin que ningún técnico municipal pisara el terreno o emitiera proyecto, sin certificaciones de obra y sin concurso de adjudicación. Parte de ese dinero vino a través de subvenciones que, claro está, no han podido ser justificadas. El proceder era el siguiente: la empresa emitía la factura, CS le daba el visto bueno con su firma y ordenaba "páguese" (los técnicos debían actuar bajo esa orden y fuera de la legalidad, pues no existía consiganción, ni proyecto, ni expediente).

Lo más llamativo es que, si todos y cada uno de los técnicos del Ayuntamiento de Bollullos, así como el empresario que participó en la primera de las cuatro comisiones de investigación puestas en marcha por el equipo de Gobierno, sostienen sus palabras frente a un juez y son capaces de probar sus acusaciones, Carlos Sánchez podría enfrentarse a penas de cárcel. Concretamente los presuntos delitos que podrían imputársele serían los de "extorsión, amenazas y malversación de fondos", según Martín Carrellán.

Uno de los empresarios ha declarado que hizo la obra del Centro de Salud, CS le dijo que si quería que se la pagase debía hacer la de cerramiento del parque, que emitiera una factura por importe inferior al real (para saltarse el concurso público), y al finalizar la obra le ordenó que emitiera otra con el coste definitivo, que sería la cantidad exacta que CS le decía (la tercera parte del coste real) y que si se oponía no le otorgaría la licencia de 14 viviendas en contrucción que la empresa tenía en Bollullos.

Todo suena a caso Beas. Bueno, no, todo sueno a algo muuuuucho más gordo.

03 febrero, 2009 14:04  

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