Por partes

No hay que ser Carrillo Salcedo —ni escuchar en vivo y directo sus discursos más poéticos— para asimilar de buen grado ciertas verdades jurídicas inamovibles, por ser pilares del Estado de Derecho. No necesariamente tiene uno que tener la carrera de Derecho finalizada para comprender que, si la Fiscalía participa en la instrucción de un procedimiento penal abierto desde hace año y medio y sigue emitiendo hoy día escritos a petición de parte, denegando la capacidad actora en un proceso penal, es porque el representante del Ministerio Público —al igual que el juez instructor— ve indicios de delito en las actividades investigadas.
Si no (y el ejemplo del juicio del espionaje en las cajas sevillanas se vuelve palmario) es que ni siquiera estaría ahí, aplaudido por cierto por el fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, que dijo hace un par de semanas que ya faltaba menos para la calificación definitiva de los hechos en el supuesto caso de corrupción municipal que se está analizando en el Ayuntamiento de Baena, donde recordaré que hay grabaciones ordenadas por el juez (¿«colaborador necesario» también, como la Guardia Civil, en la «trama» de IU?) en las que se evidencian robos en el erario público para gastarlo en putas —no sé si infladas o artificiales— y desvergonzadas maniobras urbanísticas que sonrojarán a cualquier ciudadano de bien que las lea o escuche.
Se ha querido vender como auto de archivo de las actuaciones judiciales en marcha algo que no lo es. Se han pretendido sacar de una cuestión puramente formal conclusiones de fondo. Hay quienes incluso han llegado a hablar no ya de resolución judicial, sino hasta de sentencia, y eso es manipular en el más supino de los ejemplos que leguleyamente se le pueda ocurrir a cualquiera.
Evidentemente que hay que respetar la presunción de inocencia y que hasta el rabo todo es toro —y león—, pero tirarse uno a la piscina e intentar hacer un largo en un charquito es medio suicida políticamente. Imagino que tiene que doler mucho que te recuerden atrevimientos parlamentarios como la defensa de los 22 euros que cuesta el plato de ostras ingerido por la representación socialista en el Consejo Audiovisual, que defiende su rango y su hambre de viceconsejeras/o pero luego se resisten estúpidamente a firmar tan digestivas facturas. En todo caso, ahí están las actas de las sesiones parlamentarias para verificar las tonterías que dicen los 107 diputados regionales.
A lo que obliga el sentido común, tal como vienen de mal dadas, es a callarse y mirar hacia otro lado, como hace la plantilla al completo del Milady Palace o el portavoz parlamentario del PSOE, Manolo Gracia, el «amigo» del amigo Luis Moreno. Si no, que los que tienen que hacerlo organicen ya el acto público de desagravio a la figura del senador zaherido, con sentidos abrazos de Chaves y hasta de Zapatero, y castañazos y querellones contra El Mundo y sus plumillas. Que esta vez sí estamos imputando delitos boreales. Nosotros, la Guardia Civil, el juez y hasta la fiscal de las facturas reales.