Queda y cala

Alfredo Flores, mi antiguo profesor de prácticas de Derecho –cuando la Facultad aún permanecía en la sede administrativa de La Merced– y actual fiscal coordinador de la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Huelva (hijo, por cierto, del ex fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla, que ahora ejerce como abogado de uno de los más prestigiosos bufetes hispalenses), ha alertado en una entrevista concedida a Europa Press durante las finiquitadas fiestas sobre la proliferación en la Sierra de falsas naves de aperos con dormitorio, cocina, baño, chimenea, televisión y patio, esto es, de segundas residencias que en ningún caso –y por pura decencia– debieran vincularse al uso agrícola, ganadero o forestal, so pena de incurrir en fraude de ley (quién sabe si hasta de orden penal). También advierte Flores, con la boca chica, que es habitual que los propietarios de estas casas ilegales «pidan licencia para camuflar la construcción», y deja apuntado que en este caso el papel timbrado lo otorga ciegamente no la invasora Consejería de Agricultura y Pesca, sino la salvífica de Medio Ambiente, e imaginamos que será así siempre, al menos en el caso prototípico al que alude el fiscal de la casita que se levanta indebidamente dentro de los límites del Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche. Por ello, el fiel representante del Ministerio Público concluye que «la eficacia para combatir la construcción en zonas protegidas, o en las que no está permitido urbanizar, radica en la demolición», algo que compartirá cualquiera que estudie con un mínimo de rigor el problema. Y es que hay una cultura urbanística muy sedimentada en el imaginario colectivo que impide al ciudadano común asimilar de buen grado normativas o limitaciones democráticas al plenipotenciario derecho de la propiedad terrenal. La civilización, a lo máximo que aspira por estos lares, es a sacudir internamente la conciencia de algún infractor puntual que acaso sepa que más que posiblemente pueda estar cometiendo un delito con la hormigonera, dolor que aliviará la doble certeza de que no es el único y que a nadie le pasó nada nunca por ello. Muy probablemente estemos en la única provincia española donde se han llegado a publicar irrefutables pruebas gráficas de que los dos máximos responsables de la Administración turística (la delegada provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes, Rosario Ballester, y el presidente del Patronato de Turismo de la Diputación, José Prieto) se han montado en medio del campo chiringuitos como los que denuncia descriptivamente Alfredo Flores, sin que haya tenido la más mínima repercusión no ya en la esfera judicial, sino en sus prolíficas carreras políticas. Al final, eso es lo que queda. Y lo que cala.

Publicado en EL MUNDO Huelva Noticias el 8 de enero de 2009