El balanceo

El contenido del auto de archivo del caso Ibercons compone una suerte de manual para la extorsión político-empresarial efectiva e impune. Instrucción 4 de Huelva concluye que es «indiscutible» que al dueño de la constructora le pidieron —entre otros, el líder del PSOE de Punta Umbría— un «favor político» (que renunciara a una obra adjudicada), pero añade que sólo «aisladamente» se puede entender esto como una amenaza porque, en medio de la conversación, también le dijeron al empresario que, si seguía en sus trece, remodelara la Plaza de la Sal del Portil.
En suma, que puedes pedir favores políticos tranquilamente advirtiendo, en nombre del alcalde, que «tú has trabajado mucho con este Ayuntamiento y, si quieres seguir, pues tú lo piensas y lo ves». Porque basta con añadir, a modo de coletilla, que si no hay acuerdo pues no hay favor y, por lo tanto, no tendrías forma de quitarle esa obra (que no las siguientes, claro está). Mientras no acotes expresa y tontamente que estarías dispuesto a romperle las piernas, tú tranqui total, que archivamos fijo.
De todas formas, lo más flipante es lo de que «no puede afirmarse con la rotundidad necesaria en un proceso penal que el escrito de renuncia a la adjudicación no fuera presentado por la empresa Ibercons y firmado por su representante o por cualquier persona no determinada a su ruego». O se rebela la federación nacional de calígrafos o van todos al paro.