¿Explicaciones o confesiones?

Luego está lo del eterno alegato al «interés general», eso que los leguleyos llaman (o llamamos) concepto jurídico indeterminado, porque en él cabe algo más que el universo. Partiendo de que, en democracia al menos, los poderes públicos están obligados –natural y jurídicamente– a defender el interés general en todas y cada una de sus actuaciones, cuando se firma desde una ley hasta una simple felicitación navideña con marchamo oficial huelga añadir la coletilla de que siempre y en todo momento se está salvaguardando dicho fin, a menos que –por sentencia firme, claro– se demuestre que tal desalmado responsable político o tal indigno funcionario la ha liado parda con el Código Penal. Igual que hay consenso en que el Dios cristiano sólo es bueno y misericordioso (hasta en situaciones extremas que condenarían al ateísmo práctico al párroco don Manuel de Unamuno), convenimos que cada institución pública vela exclusivamente por el interés común, incluso cuando se regalan blackberrys y i-phones entre diputados provinciales o se financian periódicos ‘amigos’ y se condena a la prensa incontrolable a una sed desértica. Que tanto Caraballo como Javier Barrero sólo aludan el «interés general» para explicar tanta arbitriariedad es la prueba del mangazo.

De 'El Rompecabezas Onubense', publicado en EL MUNDO Huelva Noticias el 8 de febrero de 2009