Lógicamente

Ha admitido ya en rueda de prensa Mario Jiménez, el secretario de Organización del PSOE de Huelva, que las parcelas residenciales turísticas que vendió el Ayuntamiento de Punta Umbría en 2002 fueron abaratadas por el equipo de gobierno socialista al mismo empresario de siempre en 678.000 euros, unos 113 millones de pesetas que dan para muchas cosas. Para justificarlo, Mario cree recordar (aunque las actas plenarias que esgrime lo contradigan) que se duplicó el «período de carencia» inicialmente marcado para la reconversión en residencial puro y duro de los complejos urbanísticos resultantes, que estarán explotándose turísticamente como si fueran establecimientos hoteleros pero no durante diez años, como se habría previsto en un principio, sino por 20, como (siempre según el PSOE) querían PP y PA: los dos grupos que integraban hace cuatro años la oposición municipal puntaumbrieña. En definitiva: que por hacerle caso al actual alcalde, el popular José Carlos Hernández Cansino, «tuvo que rebajarse el precio de los terrenos para hacer más atractiva la compra». Son las trampas de la Lógica, que le permiten a Mario —recurriendo a los recurrentes apriorismos— encasquetarle a la actual Corporación local la inevitable reducción de precios en favor del promotor turístico. Pero analicen bien las palabras del portavoz de la ejecutiva provincial socialista porque el truco le ha salido sólo regular. Habla de que la «pequeña rebaja» se realizó «por recomendación de los servicios técnicos», supuestamente tras valorar éstos la jugarreta que populares y andalucistas le habrían hecho al dueño del Barceló vía PSOE (no me digan que no tiene su tomate la cosa) al dilatar por otros diez años la venta directa como segunda residencia de esas parcelas. Pues bien: ¿dónde está ese consejo técnico convenientemente explicado y cuantificado? ¿Qué tasador o qué tasadores municipales certificaron que ampliar a 20 años el famoso período de carencia significaba irremediablemente 678.000 euros menos en el debe del comprador? ¿Esa cifra fue la resultante de esos desaparecidos «sondeos de mercado» que, sin embargo, no valieron para que saliera adelante el proyecto moguereño de Cuesta de la Barca? ¿A qué está esperando el PSOE para mostrar ese recomendabilísimo documento —pendiente de adjuntar al dossier prometido por el propio Mario— en el que, sin ningún género de dudas, los técnicos municipales tuvieron que rehacer todas sus cuentas con luz y taquígrafos, entre otras cosas para que nadie pudiera sospechar que a los socios del gerente de la Empresa Municipal del Suelo les había salido toda la operación a un precio de risa? ¿O es que un ayuntamiento se puede permitir el lujo de rebajarle a ojo de buen cubero 113 millones de pesetas a un inversor, se llame éste como se llame? Alguien debería responder a estas lógicas preguntas.

Publicado en EL MUNDO Huelva Noticias el 30 de agosto de 2006